Autores: José Luis Gómez del Prado y Helena Torroja
Fundación del Centro de Estudios Internacionales, marzo 2011
En los últimos años se ha abierto la puerta con gran irresponsabilidad, mayor intensidad y extensión, a la delegación o contratación del uso legítimo de la fuerza a actores privados. Este dato no debería pasarse por alto. Pero, las empresas militares y de seguridad privadas, ¿constituyen un grave atentado a los fundamentos del Estado moderno y a los principios del Estado de Derecho? ¿Conllevan riesgos sobre la población civil, que es abandonada al arbitrio de usos de la fuerza privados, en situaciones convulsas como las que vemos estos días en el norte de África?
Ésa tesis, de enorme fuerza expresiva y de rabiosa actualidad sobre todo por el conflicto libio, es la que desarrollan dos auténticos expertos en estas cuestiones, como son José Luis Gómez del Prado y Helena Torroja Mateu, en el libro “Hacia la regulación internacional de las empresas militares y de seguridad privadas”, que acaba de publicar la Fundación del Centro de Estudios Internacionales, prologado por Theo van Boven, Theo van Boven, profesor de derecho internacional por la Universidad de Maastricht y, desde 2001, comisionado especial de las Naciones Unidas contra la tortura.
José Luis Gómez del Prado es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, en su capacidad personal como experto independiente de derechos humanos (2005-2011). Helena Torroja es doctora en Derecho (2001) por la Universidad de Barcelona, de la que es profesora agregada de Derecho Internacional Público.
Ambos expertos mantienen en este importante libro la tesis de que las empresas militares y de seguridad privadas constituyen de hecho un grave atentado a los fundamentos del Estado moderno y a los principios del Estado de Derecho, y que además conllevan riesgos sobre la población civil, la cual es abandonada al arbitrio de usos de la fuerza privados, en situaciones convulsas como las que vemos estos días en el norte de África.
Gómez del Prado y Torroja señalan que fue precisamente, la centralización del uso legítimo de la fuerza y el rechazo a los mercenarios, una de las conquistas del Estado moderno. A su vez, el reconocimiento y respeto de los derechos humanos se consolidó apoyándose en el sometimiento del poder de coerción (militar y policial) a los poderes legislativo y judicial.
Señalan con meridiana claridad que las empresas militares y de seguridad privadas son una reincarnacion en el siglo XXI de proveedores del uso físico de la fuerza: “Son los nuevos corsarios que fueron abolidos en el ámbito internacional en el siglo XIX”.
Para los autores, asistimos, pues, hoy a un retroceso. “Y ¿vamos a observar impasibles este hecho?”, se preguntan. La respuesta está en el libro, claro, pero ya adelantan que “no deberíamos” convertirnos en observadores impasibles y que, si ya no es posible frenarlo, al menos ha de quedar la esperanza de regularlo internacionalmente, para exigir límites y obligaciones a los Estados en su delegación y/o contratación de estas empresas.
Precisamente, el proceso actual hacia su regulación es el que se analiza en esta importante obra, haciéndose especial énfasis a los esfuerzos del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas.