Morelia (México)
Invitados por el Senador de la República Sr. Silvano Aureoles Conejo (PRD), dos expertos en derechos humanos españoles mantuvieron un encuentro con académicos, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, altos funcionarios y representantes de ONG del Estado de Michoacán en su capital, la ciudad de Morelia.
A lo largo del encuentro conducido por el Senador Aureoles, éste expuso la grave situación de violencia terrorista que sufre el Estado de Michoacán, atribuida al enfrentamiento entre dos carteles rivales de narcotraficantes, así como a la reacción excesiva tanto del Ejército Mexicano como de la Policía Federal. Según el Senador, el consumo de droga se ha duplicado y las muertes violentas triplicado en los tres últimos años, por lo que evaluó como un grave error político la utilización del Ejército en el combate al narcotráfico.
El Presidente de la Comision Estatal de Derechos Humanos precisó que su institución había recibido desde la creación del “Operativo Conjunto Michoacán” -diciembre de 2008- hasta la fecha, un total de 1.180 quejas de ciudadanos por supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas (90% de los casos) y de policia (10% de los casos) citadas. Los abusos màs frecuentes habrían sido detenciones arbitrarias, torturas, pillaje y cateos ilegales.
El Prof. Alvaro Gil-Robles, antiguo Defensor del Pueblo de España y antiguo Comisionado Europeo de Derechos Humanos, recordó que el combate al terrorismo se debe realizar desde el Estado de derecho y con el más absoluto respeto a los derechos humanos. Además, la utilización de las fuerzas armadas en tareas de mantenimiento del orden público, debe producirse únicamente como último recurso.
Por su parte el Prof. Carlos Villán Durán, Presidente de la AEDIDH, manifestó la preocupación de la comunidad internacional por el incremento de la violencia en México, que encuentra su caldo de cultivo en la corrupción generalizada propiciada por los carteles de narcotraficantes, que han logrado penetrar en las instituciones públicas del país e incluso en los partidos políticos. Además, la impunidad de los violadores de los derechos humanos está amparada por la excesiva extensión del fuero militar, que atribuye a tribunales militares la competencia para juzgar a militares acusados de violaciones a los derechos humanos entre la población civil tan graves como las ejecuciones sumarias o la tortura. Por último, se refirió a los numerosos casos de desapariciones forzadas ocurridas en el país durante los años 70, todavía pendientes de investigación debido a la resistencia de las fuerzas armadas a perder su impunidad.
Concluyó que la paz social en México se conseguirá con el restablecimiento del Estado de Derecho, el respeto a todos los derechos humanos, la eliminación de las discriminaciones, la reducción del fuero militar a asuntos estrictamente castrenses, y el reconocimiento a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, conforme al Derecho internacional.
A continuación, los expertos españoles ofrecieron una conferencia de prensa a los medios de comunicación locales. En sus ediciones del 2 de agosto de 2009 los diarios La Jornada de Michoacán (p.5) y La Voz de Michoacán (p. 11A) recogieron ampliamente las opiniones de ambos expertos.