Editado por la AEDIDH, con prólogo de Carmelo Faleh y Carlos Villán, la autora se detiene en este libro en las actuales obligaciones del Estado español con respecto a las víctimas, y familiares, de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, con el objetivo de sustentar jurídicamente, desde el punto de vista del derecho internacional, su derecho a que dichos crímenes sean investigados, y, eventualmente, a que se procese y condene a los autores de los mismos.
Para ello, el libro, cuya edición ha sido confiada por la AEDIDH al filólogo y editor Cristian Velasco, se centra en desgranar los actuales argumentos jurídicos que se han venido utilizando hasta la fecha con el fin de obstaculizar todo intento de investigación judicial de los referidos crímenes, para posteriormente ser refutados al amparo de las normas que emanan del derecho internacional, y, en especial, de aquellas que derivan del derecho internacional consuetudinario y del derecho internacional de los derechos humanos.
Esta publicación, que ha contado con una subvención de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, propone además, como solución subsidiaria, la implementación de una comisión de la verdad, todo ello con el objeto de dar debido cumplimiento a las obligaciones del Estado español en materia de derechos humanos y que las víctimas vean satisfechos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Con esta obra la AEDIDH suma un nuevo título a su línea de publicaciones en las que se apoyan sus áreas prioritarias, en este caso la recuperación de la memoria histórica, cuestión de especial interés para esta asociación. No en vano, desde 2007 la AEDIDH ha denunciado ante las Naciones Unidas (Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias), la falta de una investigación oficial de los numerosos casos de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y torturas que se produjeron en España durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista.
Amparada en el derecho internacional de los derechos humanos, la AEDIDH reclama para las víctimas (y familiares) de esos crímenes internacionales, el respeto al derecho a la verdad, la justicia y la reparación. A esos efectos, se debiera establecer urgentemente una comisión de la verdad, conformada por personas expertas independientes, que formule recomendaciones que vinculen a los poderes públicos. Además, el Estado debe proceder a la investigación judicial sistemática, en el marco de la Audiencia Nacional, de los casos denunciados de desapariciones, ejecuciones y tortura, así como medidas de reparación inmediatas y efectivas para las víctimas y sus familiares.
La autora
Marta Cabrera Martín, abogada especializada en derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) y en la Universität Regensburg (Alemania). Cuenta, asimismo, con un máster (LLM) en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional por la Universidad de Utrecht (Países Bajos), en el que obtuvo la calificación cum laude. Ha ejercido como abogada litigante en el departamento de Derecho Procesal de J&A Garrigues, SLP y actualmente trabaja como abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica).