La AEDIDH pide el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ante el CERD

Ginebra, 9 de marzo de 2011

La AEDIDH presentó el 11 de febrero de 2011 un dictamen sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), con ocasión del examen de los informes periódicos 17-20 de España sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en nuestro país.

El dictamen, firmado por la abogada Cristina de la Serna y el presidente de la AEDIDH, revela que en 2009 sufrieron privación de libertad en los nueve CIE existentes en España -y hasta por 60 días-, un total de 16.590 personas extranjeras, de las cuales solamente 8.935 fueron expulsadas del país.

La Ley española permite el internamiento preventivo y sistemático de toda persona extranjera en situación administrativa irregular -a pesar de que no haya cometido ningún delito-, a los efectos de asegurar su expulsión. Puesto que en casi la mitad de los casos no se ha procedido a la expulsión, el dictamen concluye que la detención administrativa ha sido violatoria del derecho a la libertad y a la seguridad personales que reconocen tanto la Constitución Española como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, al ser una medida desproporcionada en relación a su objetivo de regular las migraciones, resulta discriminatoria y por ende contraria al Art. 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEDR).

En el dictamen se denuncian también las condiciones inhumanas de internamiento que sufren todas las personas extranjeras afectadas, así como frecuentes abusos y malos tratos, que son violatorios del derecho a la integridad física y moral y del derecho a un recurso efectivo de las personas extranjeras internadas en los CIE. Por lo que son víctimas de una discriminación múltiple que es incompatible con los Arts. 5 y 6 de la CIEDR.

La AEDIDH concluye que los CIE deben ser cerrados y sustituidos por medidas alternativas que ya existen en otros países y en la propia legislación española de extranjería, como la obligación de permanecer en un centro abierto. También insiste, como lo hacen el propio CEDR y muchas organizaciones de la sociedad civil, en que España debe ratificar urgentemente la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

En declaración oral de 21 de febrero de 2011 ante el pleno del CEDR, el presidente de la AEDIDH reiteró los términos esenciales del dictamen, que fueron acogieron con mucho interés por los miembros del CEDR. D. José Francisco Cali Tzay, relator para España, citó el dictamen de la AEDIDH y formuló al Gobierno numerosas preguntas acerca de los CIE durante el diálogo constructivo que tuvo lugar los días 23 y 24 de febrero de 2011 en Ginebra.

El 9 de marzo de 2011, tras examinar y debatir el informe de España con los delegados del Gobierno, el CEDR aprobó las observaciones finales sobre la situación del país. El CEDR mostró su preocupación por la situación extremadamente vulnerable de los migrantes en condición irregular que, tras haber permanecido los 60 días que establece la Ley en un CIE, son puestos en libertad con un proceso de expulsión pendiente, lo que los hace víctimas más que probables de abuso y discriminaciones. Adicionalmente, el CEDR llamó la atención sobre la ausencia de un reglamento que regule y armonice el funcionamiento de todos los CIE existentes en el país.

A este propósito, el CEDR reiteró su opinión de que

“los Estados partes deben velar por que las políticas no tengan el efecto de discriminar a las personas por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico”. Por lo que recomendó a España que:

“a) Tome las medidas necesarias para garantizar a los migrantes que hayan salido de un CIE y cuyo proceso de expulsión esté pendiente, la protección de sus derechos básicos, la protección judicial y el acceso a un recurso efectivo, incluida la posibilidad de recurrir la orden de expulsión;
b) Elabore el reglamento de los CIE con la finalidad de uniformar su funcionamiento y así garantizar condiciones de vida, acceso a información, asistencia legal y atención médica adecuadas para los internos, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales de asistencia a dichos centros.”

El dictamen de la AEDIDH ha sido difundido ampliamente en distintos medios de comunicación y entre las organizaciones de la sociedad civil. También ha constituido el fundamento jurídico de la Proposición No de Ley presentada por Dña. Núria Buenaventura, diputada de Iniciativa per Catalunya – Verds en la que solicita al Gobierno el cierre de los CIE y su sustitución por otras medidas compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Para más información, favor de consultar el texto completo del dictamen, la declaración oral del presidente de la AEDIDH ante el CEDR, el informe sobre las sesiones que el CEDR dedicó al examen del informe de España, la PNL de ICV y las observaciones finales del CEDR sobre España que se enlazan a continuación.

Descargar (Informe-CERD-sesiones.doc, DOC, 138KB)

Descargar (AEDIDH_Dictamen_CEDR_0.pdf, PDF, 544KB)

Descargar (AEDIDH-Declaraci%C3%B3n%20-CEDR.pdf, PDF, 432KB)

Descargar (Executive-summary-FDC-11.pdf, PDF, 454KB)

Descargar (Observaciones-Finales-CERD.pdf, PDF, 46KB)

Descargar (Proposici%C3%B3n-no-de-ley.pdf, PDF, 191KB)

Descargar (Revista-prensa-dictamen.pdf, PDF, 65KB)

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