Reunión de personas expertas sobre la “Resolución 11/4 sobre la promoción del derecho de los pueblos a la paz”

Palacio de Naciones (Ginebra)

La Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) organizó una reunión de personas expertas sobre la resolución 11/4, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 17 de junio de 2009. Bajo la moderación del Dr. Charles Graves (Interfaith International), participaron el Sr. Yorio Shiokawa (AIJD), el Sr. Colin Archer (International Peace Bureau), el Sr. Christophe Barbey (Plataforma por una Suiza sin ejército) y el Sr. David Fernández Puyana (AEDIDH y UNESCO Etxea).

El Sr. Shiokawa habló sobre el “derecho de los pueblos a la paz en un país muy desarrollada, pero virtualmente dependiente”. Recordó que el llamamiento de Estocolmo, firmado el 19 de marzo de 1950, declaró ilegales las armas nucleares. Se recogieron mil quinientos millones de firmas en todo el mundo. Posteriormente, el ponente se centró en los avances y retrocesos realizados en la abolición de las armas nucleares y como éstos influirán en el desarrollo de la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares que tendrá lugar en mayo 2010.

El Sr. Shiokawa explicó que en mayo de 2008 se organizó en Tokio una Conferencia Mundial sobre el artículo 9 con el objetivo de abolir la guerra. Participaron 30.000 personas, y tuvo un protagonismo especial la campaña internacional para la promulgación del artículo 9 de la Constitución de Japón. Indicó que actualmente existen varias iniciativas para promulgar constituciones de paz, especialmente en los países del centro y sur de América latina. Mientras que Ecuador, Bolivia y Venezuela tienen constituciones que prohíben la instalación de bases militares extranjeras, Costa Rica y Panamá está dando pasos hacia una diplomacia de paz con la credibilidad que les otorga al haber abolido las fuerzas militares.

El Sr. Colin Archer, el cual se centró en el “Desarme para el desarrollo”, subrayó que en las últimas semanas las pantallas de nuestras televisiones han estado llenos de imágenes procedentes de Haití, y ahora Chile. Tras la catástrofe la comunidad internacional respondió inmediatamente mediante el envío de ayuda. Si tenemos en cuenta que el dinero que se dedica al presupuesto militar es muy elevado, el dinero que se destinó a Haiti es ínfimo.

El Sr. Colin Archer explicó que tras el 11 de septiembre de 2001, su organización inició un proyecto sobre la seguridad humana. Este proyecto derivó en un importante programa que se inició en 2005 bajo el título de Desarme Sostenible para el Desarrollo Sostenible. Este programa se centra en tres áreas principales de trabajo:

  1. La lucha para reducir el gasto en el sector militar a favor de una mayor inversión en el desarrollo sostenible, incluyendo la mitigación de los efectos derivados del cambio climático.
  2. Programas destinados a disminuir los efectos de las armas en las comunidades pobres, especialmente aquellas que sufren conflictos.
  3. Análisis de la militarización de la ayuda, la expansión de bases militares, las perspectivas de género y, sobre todo, las nuevas justificaciones para el militarismo derivadas de la intensificación de la competencia por los recursos naturales y los efectos del cambio climático.

El Sr. Christophe Barbey, quien habló sobre “la paz como una valor universal”, subrayó que la paz es más que un ideal. Si queremos construir una civilización duradera, la paz es una necesidad. Por lo tanto, tenemos que utilizar todos los medios pacíficos disponibles para comprender y mejorar la paz, y sobretodo, para vivir en paz. El derecho humano a la paz es un símbolo y además una herramienta concreta que puede ser utilizada por los individuos y grupos sociales, así como por todas las instituciones, incluidos los Estados.

Agregó que no existe ningún país independiente que no esté comprometido con el ideal de la paz promulgado por las Naciones Unidas. La paz se puede aplicar en las diversas tareas encomendadas al Estado, como la educación para la paz, establecimiento de mecanismos alternativos de resolución de las controversias, control del uso de la fuerza y, finalmente, presentación de informes periódicos sobre el progreso de los Estados hacia la consolidación de la paz.

El último orador fue el Sr. David Fernández Puyana, quien habló sobre la “codificación del derecho humano a la paz”. Indicó que el 30 de octubre de 2006 fue aprobada la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz por un comité de redacción de expertos españoles. Desde entonces, la Declaración de Luarca ha sido compartida con personas expertas de las cinco regiones del mundo, así como con el Consejo de Derechos Humanos.

Se han aprobado declaraciones regionales en las cinco regiones. Todas las aportaciones recibidas por parte de la sociedad civil internacional se han incorporado en la nueva Declaración sobre el Derecho Humano a la Paz adoptada en Bilbao el 24 de febrero de 2010 por 14 expertos de España.

En 2008 y 2009 el Consejo DH aprobó sendas resoluciones sobre la promoción del derecho de los pueblos a la paz, inspirándose en las resoluciones anteriores sobre esta cuestión que habían sido aprobadas por la Asamblea General y la antigua Comisión de Derechos Humanos, especialmente la resolución 39/11 de la AG, de 12 de noviembre de 1984, titulada Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, así como la Declaración del Milenio (2000).

El Consejo DH reiteró a la Alta Comisionada de las NU para los Derechos Humanos que organizara un taller de personas expertas sobre el derecho de los pueblos a la paz, que finalmente se celebró en Ginebra los días 15 y 16 de diciembre de 2009.

El Taller concluyó que, sobre la base de los estudios y desarrollos más recientes de la doctrina y de la sociedad civil, se puede identificar el contenido y alcance del derecho humano a la paz como derecho emergente. En consecuencia, el Taller recomendó al Consejo DH que establezca un grupo de trabajo de composición abierta (representantes de los Estados), con la tarea de iniciar la codificación oficial del derecho humano a la paz. En el citado grupo de trabajo podrán participar activamente los representantes de la sociedad civil.

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